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La Fiscalía se ha dirigido a las Cortes de Castilla y León para que certifique la condición de procurador de Crescencio Martín Pascual y que así pueda ser juzgado por el TSJ como presunto autor de un delito de prevaricación administrativa. Los hechos de esta causa tienen que ver con el decreto firmado por el entonces alcalde aprobando el proyecto de la rotonda de acceso al polígono industrial en la carretera de Olmedo. La Fiscalía considera que también deben ocupar el banquillo, junto a Martín Pascual, los seis concejales imputados que formaban parte de la comisión de gobierno así como el representante de la empresa adjudicataria de las obras.