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Esta decisión preocupa al sindicato porque se sienten discriminados con respecto a otros colectivos de funcionarios que sí tienen su celebración. Desde el sindicato se considera que no pueden argumentar problemas económicos ya que la celebración supondría unos 200 euros y creen que el concejal delegado y la alcaldesa no quieren celebrar esa fiesta el 27 de junio para evitar reivindicaciones del sector que es crítico con la actual gestión municipal.