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El asunto nace cuando una serie de bodegas denuncia el hecho de que el Consejo Regulador decidiese retirar del comité de certificación a algunos catadores. Esta denuncia se convirtió en expediente administrativo abierto por la Junta hacia tres personas, una de ellas el presidente.

No se tienen en cuenta las alegaciones, según del Villar, y se archiva el expediente sobre los otros dos implicados manteniendo el de Pablo del Villar, posteriormente la Junta emite una resolución que se recurre y se inicia el procedimiento, momento en el que se encuentra el caso sin ser cierto que se haya cesado al presidente según lo pone de manifiesto el propio Pablo del Villar.

Asegura el presidente que mientras dure el procedimiento no piensa dimitir y ceder a las presiones porque cuenta con el apoyo de la mayoría del pleno del Consejo Regulador así como de la mayor parte también de bodegas y viticultores de Rueda.