Radioaranda.com

Una veintena de empresarios, miembros todos ellos de la comunidad de propietarios del polígono Norte se enfrentan estos días a una demanda en el juzgado por una deuda que se remonta a la obra que promovieron hace una década para la ordenación del tráfico en esta zona con la construcción de la rotonda frente a la ITV además de mejorar los accesos. Lo curioso es que los mencionados empresarios ni siquiera contrajeron la deuda con al empresa que les demanda, Electricidad Carazo, sino que todo se remonta a las dificultades que se encontró en su día la constructora TEBYCON para finalizar la obra que le habían contratado los empresarios arandinos, y que como una consecuencia más de la crisis entró en un concurso de acreedores sin poder finalizar los remates el proyecto.
    Restaban de pagar en aquel momento unos 300.000 euros correspondientes a la liquidación. Los empresarios arandinos alegan que no se pagó esta cantidad ni siquiera se reconoce esta deuda con TEBYCON porque nunca dieron el visto bueno a la finalización de las obras ni a su correspondiente recepción, dado que faltaban rematar el proyecto con las últimas actuaciones. De hecho una de las carencias más relevantes era la construcción de la ya en su día polémica rotonda, una actuación que quedó para el final estratégicamente para causar las menos molestias posibles al tráfico de esta zona.
    Como ocurrió con tantas otras empresas del sector, la crisis condujo a TEBYCON a un concurso de acreedores en cuyo proceso endosó la deuda del proyecto arandino a uno de sus proveedores, Electricidad Carazo. Cuando eta firma de Huerta de Rey reclamó el débito, en ningún momento se encontró con la negativa de los empresarios arandinos, que eso sí, exigieron a cambio la presentación de un aval que garantizara la finalización de la obra. No hubo acuerdo, la comunidad de propietarios del polígono norte contrató la finalización de la obra con otra empresa y Electricidad Carazo se quedó sin cobrar el endosamiento, que es lo que reclama en los juzgados, y que se dirime en un juicio que se produce un lustro después de que la rotonda esté finalizada, más de seis años después de certificado el traspaso de la deuda y que podría tener un recorrido de años en el juzgado porque la cantidad que está en juego permitiría continuar el proceso en el Supremo si alguna de las partes así lo solicitara.