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No será posible agilizar los trámites urbanísticos para construir el nuevo hospital en el próximo pleno: la presentación justo al final del plazo de tres meses, o prácticamente fuera ya del mismo, de un informe de la Junta de Castilla y León sobre la necesaria modificación puntual del PGOU, obliga al ayuntamiento a retirar este punto del orden del día del pleno que se celebra este jueves para que la jefa de servicio de urbanismo analice las puntualizaciones que hace la Dirección General de Vivienda Arquitectura y Urbanismo y dé una respuesta por escrito.
Y las apreciaciones no son pocas en un informe plagado de lo que la Junta considera deficiencias en el documento de modificación puntual del Plan. Los técnicos de la consejería de Fomento requieren en numerosas ocasiones que se justifique los cambios que se proponen respecto a la normativa vigente, califica el documento de “confuso”, señala que faltan trámites, corrige que se califiquen las actuaciones que se van a llevar a cabo como privadas cuando se trata de terrenos de titularidad de la Junta en los que va a construir una administración pública, alerta de que hay hectáreas que se pierden por el camino que no están identificadas, que hay planos que no corresponden a los que están en vigor o que faltan datos. El redactor del informe no pierde ocasión de recordar que el PGOU en vigor se remonta al año 2000 y no está adaptado a la normativa vigente, por lo que en último extremo es potestad del Consejero de Fomento dar el visto bueno a cualquier modificación.
A pesar de todo, la alcaldesa entiende que estos requerimientos no tendrían que retrasar prácticamente nada los trámites. La intención es convocar la semana que viene otro pleno de carácter extraordinario para aprobar inicialmente esta modificación puntual urbanística. Dice Raquel González que lo que haya que corregir puede hacerse entre esta primera fase del proceso y la de la aprobación provisional.
Por cierto que entre los asuntos que más han llamado la atención a los portavoces municipales destaca la pretensión de la Junta de que se aumente el aprovechamiento en la edificabilidad del resto de las parcelas de su propiedad que quedan en el entorno después de dedicar al hospital unos 100.000 metros cuadrados.
Según la Junta en las 20,35 hectáreas de las que dispone en esta zona el actual PGOU le permitía edificar para uso residencial una superficie máxima cercana a los 150.000 metros cuadrados.  Al reparcelar el sector y dedicar al hospital más de 60.000 metros cuadrados en los que antes se podía construir vivienda, la superficie para edificios residenciales se queda en poco más de la tercera parte, donde no podrían construirse más de 442 casas. Dicen los técnicos autonómicos que no queda justificado convenientemente por qué no se establecen los máximos legales de edificabilidad y densidad que prevé la legislación autonómica, de 70 viviendas por hectárea y 10.000 metros cuadrados por hectárea teniendo en cuenta que el sector tendrá como uso característico la vivienda protegida.
A este requerimiento, la corporación parece tener clara su negativa, que lo piensa argumentar en la contradicción en la que incurre la Junta cuando, por un lado, ha presentado alegaciones a la revisión del PGOU pidiendo que se rebaje el índice de edificabilidad de otros sectores y por otro solicita que para estos terrenos de su titularidad se aumente. La alcaldesa considera que Aranda cuenta con terreno suficiente para viviendas protegidas.
Otro asunto que este informe deja en el aire también es quién y cómo ejecutará el vial que tiene que dar salida a la parcela por el sur, desde la rotonda el Museo del Tren hasta la nacional 122, como continuidad de la actual Avenida Berruguete. Los técnicos advierten, en cualquier caso que es necesario prever cómo se llevará a cabo esta actuación.