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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado un auto relacionado con la plaza de toros cubierta de Aranda que podría abrir el camino para que algunos colectivos puedan exigir responsabilidades, más allá de la vía Contencioso-Administrativa a los concejales que en su día facilitaron Toros Ricor el proceso que le llevó a obtener en septiembre de 2014 la licencia definitiva de apertura.
Esta sentencia, que confirma la nulidad de la licencia de obras que la Junta de Gobierno Local concedió a la empresa en 2011 para las obras de adecuación de la plaza de toros y la casa del guardés a la legalidad urbanística, dice el portavoz de la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros, Julián Mateos, que tiene elementos suficientes para pensar que los ediles que dieron el visto bueno actuaron de forma tal que podrían haber incurrido en prevaricación.
Este auto que tiene carácter firme, declara nulas unas obras que, dice Julián Mateos, fueron la base que tres años después le permitió a Toros Ricor solicitar la licencia de actividad definitiva de la plaza, otorgada por cuatro miembros del equipo de gobierno. Esta circunstancia, para el portavoz de la Plataforma Ciudadana, es un precedente importante que apoya la postura de este colectivo de lograr que los tribunales reconozcan la ilegalidad de esa licencia.
    Por parte del Ayuntamiento, UPyD ha sido el primer grupo político que ha hecho una valoración de esta resolución judicial. El concejal Javier Ávila coincide con la Plataforma Ciudadana en que lo que dice el TSJ abre la senda a una nueva demanda por prevaricación.
Además el auto que impone al Ayuntamiento y a Toros Ricor el pago de las costas. Ávila considera que es injusto que esta nueva carga económica recaiga sobre las arcas municipales, cuando considera que existen unos responsables con nombres y apellidos. En cualquier caso, el concejal de UPyD no cree que sea viable que su partido se persone en la causa para exigirlo, por una cuestión de falta de medios para hacerlo.