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La corporación local arandina aprobaba este jueves la ordenanza que regulará la Inspección Técnica de Edificios, una medida, obligatoria para inmuebles que tengan una antigüedad mínima de 40 años. Esta normativa establece un calendario con el objetivo de lograr en una década que el municipio se ponga al día en este aspecto. Esta normativa había quedado sobre la mesa en el pleno del mes de junio, entre otras cosas por las dudas que tenía la oposición sobre si sobre si estas inspecciones llevan aparejadas facilidades económicas para los arreglos que se determinen en estas revisiones. Aunque la ordenanza no puede establecerlo, la propuesta del equipo de gobierno iba acompañada de un compromiso de incluir el próximo año una partida presupuestaria para ello. El portavoz de Sí Se Puede Aranda era más crítico con el equipo de gobierno, considerando que esa promesa no ofrece ninguna garantía. Mario Martín, por otra parte, hablaba de que esta medida, que puede tener consecuencias económicas muy gravosas para algunos propietarios, en éste y otros ayuntamientos, responde más a la presión de las constructoras para reactivar su negocio tras la crisis del ladrillo, que al verdadero empeño de las administraciones de mantener en buen estado los inmuebles.
El portavoz de Renovación Arandina Progresista, Eusebio Martín, anunció que su grupo va a estar vigilante para que el grupo Popular cumpla con su compromiso de habilitar una línea de subvenciones, pero mostró sus discrepancias con Sí Se Puede en su planteamiento de que la ordenanza se aprueba para favorecer al sector de la construcción.
    El grupo Socialista criticó que en los cuatro meses que han transcurrido desde el pleno de junio hasta este último, el equipo de gobierno no haya mostrado ningún avance y haya que confiar en un mero compromiso. Por otra parte, la portavoz socialista, Mar Alcalde, mostró su desacuerdo en la idea de que esta línea sustituya a la que existe para rehabilitación de fachadas.
    Finalmente, la ordenanza se aprobó con la abstención del PSOE e IU, que consideran que paralelamente a esta ordenanza deberían aprobarse ya unas bases para las ayudas económicas.