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La piscina municipal cubierta protagoniza el último episodio judicial al que tendrá que enfrentarse el Ayuntamiento de Aranda. La empresa concesionaria de la gestión de estas instalaciones presentó el 23 de febrero un recurso contencioso-administrativo para obligar al consistorio arandino a pronunciarse sobre el reequilibrio económico tras dos años de pérdidas que achacan, en buena medida, a errores contenidos en el pliego por el que salió a concurso el servicio.

Entre estos errores la empresa subraya que su estudio económico hace una estimación de 1.700 socios anuales, lo que haría viable la concesión. A día de hoy no se supera el medio millar. Aseguran desde Prado Sport que el Ayuntamiento conocía los costes exactos del personal que había que subrogar, pese a lo cual el pliego lo valoraba en 26.000 euros, lo que, según la empresa, se ha demostrado totalmente alejado de la realidad. Por ejemplo, mientras en el gasto de limpieza se contemplaba solo un salario a media jornada, se incluían dos personas para desempeñar el servicio.

La empresa concesionaria está dispuesta a retirar el recurso si llegara a un acuerdo con el Ayuntamiento para reequilibrar estos desfases, para lo que insta a los responsables municipales a sentarse a negociar. Hasta el momento, el consistorio solo admite la posibilidad de subir los precios de los bonos de baño ara corregir el déficit. Prado Sport considera que esta medida no es ninguna solución porque traslada el problema a los usuarios, lo que a la postre resultará ineficaz porque sólo servirá para alejarlos aún más.