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El informe realizado desde Intervención y Secretaría determina, en primer lugar la imposibilidad de prorrogar el contrato, por lo que una hipotética prolongación de la prestación del servicio por parte de la misma empresa quedaría al margen de la mencionada relación que hasta ahora ha vinculado al ayuntamiento con la empresa Estacionamientos y Servicios. El informe, ante este escenario, abre tres posibilidades, previniendo de las consecuencias de cada uno de ellos:
    En primer lugar, se refiere, precisamente, a llegar a un acuerdo extracontractual con la empresa para que continúe prestando el servicio. Una solución que, según la legislación vigente, solo podría producirse si se cumplieran dos requisitos: que haya habido circunstancias imprevistas que provocaran un periodo de transitoriedad en el servicio y que haya daño a los intereses generales si no se continúa con él. El informe indica literalmente que “la falta de previsión a la hora de tramitar un expediente de contratación no puede entenderse como una circunstancia imprevista". Por lo que se refiere al daño a los intereses generales aclara que es el jefe de la policía local quien debe apreciarlo justificada y sobradamente, añadiendo también que un acuerdo extracontractual no puede justificarse en cualquier razón de interés público.

    La segunda posibilidad es que el ayuntamiento preste temporalmente el servicio. En este caso el informe alerta de que para evitar problemas sería necesario contratar un servicio técnico que garantice la correcta prestación del servicio y su sostenibilidad financiera. Por supuesto, el ayuntamiento se vería obligado a subrogarse el personal, según indica su convenio colectivo, aunque a renglón seguido previene de que el acuerdo municipal por el que se asuma el servicio debería explicitar que la empresa que resulte posteriormente adjudicataria tendría a su vez la obligación de subrogarse al citado personal. En el ámbito económico se advierte de que si el ayuntamiento decide hacerse cargo del servicio habría que vigilar que no contravenga la normativa presupuestaria (regla de gasto y estabilidad, entre otros asuntos) además de que sería necesaria una modificación de los presupuestos que reflejaran las nueva partidas de ingresos y gastos.

    Posible pero complejo, como también parece que lo es la tercera de las opciones: la de que el servicio deje de prestarse mientras se prepara una nueva adjudicación.En este caso se advierte de que la suerte del personal que hasta ahora trabaja en este servicio corre por cuenta de la empresa, que, de no encontrar alternativas para estos trabajadores, debería hacerse cargo de las indemnizaciones o responsabilidades laborales que se haya contraído con ellos. Pero hay un aspecto más: dejar de prestar el servicio también tendría consecuencias económicas para las arcas municipales.Dejar de prestar el servicio supondría dejar de pagar compensaciones, pero también renunciar a unos ingresos que el año pasado dejaron más de 180,000 euros limpios al ayuntamiento, una descompensación que debería modificarse en el presupuesto municipal recientemente aprobado.
La alcaldesa quiere plantear una propuesta este lunes a todos los grupos políticos en una Junta de Portavoces para salir de este atolladero. Previamente se celebrará una reunión del grupo popular, para que la propuesta, que podría implicar riesgos jurídicos para quienes la aprueben, sea al menos conocida y a ser posible admitida por todos los miembros del equipo de gobierno.

EL PSOE RESPONSABILIZA A LA ALCALDESA

El PSOE considera que este último episodio de la zona azul ha servido para confirmar la descoordinación del equipo de gobierno. La portavoz municipal socialista cree que la alcaldesa tiene que asumir la responsabilidad por estar a punto de llegar al final del contrato con la empresa gestora sin haber hecho los trámites para una nueva adjudicación.
Para Mar Alcalde, es muy significativo que el concejal de Seguridad Ciudadana no acudiera el pasado lunes a dar explicaciones en la Junta de Portavoces sobre el problema que plantea este “despiste” por tener otras obligaciones en las Cortes de Castilla y León y la alcaldesa no supiera dar explicaciones sobre su ausencia.