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La Plataforma de Propietarios Afectados del Sector Arroyo de la Nava se plantea pedir a la Junta de Castilla y León que inhabilite al Ayuntamiento de Aranda para continuar con el proceso de revisión del PGOU. Este colectivo ha registrado un escrito en el que pone de manifiesto la arbitrariedad del nuevo documento urbanístico y de un trabajo que dice que sólo se explica desde la irracionalidad o desde el empeño en favorecer otros intereses distintos al interés general.
    La plataforma se siente víctima de un agravio comparativo que ha dado lugar a que en el futuro modelo de ciudad se acepte como nuevo sector el de San Ignacio-Virgen de las Viñas, que considera que incumple todos los parámetros de accesos a las vías públicas y conexión con los servicios, en detrimento del suyo, que presenta unas mejores condiciones en todos estos aspectos.
    La zona del sector denominada Virgen de las Viñas no dispone de capacidad de acceso rodado alguno y se encuentra dividida en dos partes por el paseo de acceso al parque y ermita. Cualquier actuación urbanística destrozaría este emblemático paseo. En cuanto a la zona denominada San Ignacio, se accede por la misma rotonda del Simply y por la antigua carretera de Palencia.
    En el escrito habla también de otro inconveniente, que es la proximidad de la fábrica de Leche Pascual, a poco más de 200 metros, con lo que esto supone en cuanto a olores. Enrique Ansotegui, representante de este colectivo, habla de los precedentes que tiene Aranda en cuanto a no mantener la distancia reglamentaria entre las zonas residenciales y las instalaciones que pueden resultar insalubres o molestas, que se refleja en la jurisprudencia de la depuradora de aguas residuales.
    La Plataforma compara estos inconvenientes con las circunstancias del sector Arroyo de la Nava, que considera que no está encapsulado, es colindante con el casco urbano, tiene aproximadamente 1.000 metros de prolongación de la avenida de Castilla para acceder por donde el Ayuntamiento desee, con conexión ya ejecutada a la EDAR, pudiendo ubicarse grandes superficies comerciales, con buena accesibilidad y sin cargas extras para el municipio.
    Este colectivo denuncia también que el Ayuntamiento está incumpliendo los plazos legales del nuevo PGOU, cuando hace más de 14 años que tendría que estar adaptado a la ley y al reglamento de Castilla y León y también ha transcurrido más de un año desde aprobación inicial sin que se perciba que el proceso siga avanzando. Ansotegui señala que la Junta de Castilla y León, según la normativa, tendría que inhabilitar al Consistorio y asumir ella la revisión.