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La Plataforma en defensa de la Plaza de Toros de Aranda está a punto de conseguir que prospere en el juzgado la querella por prevaricación que presentaba hace unas semanas junto a los grupos municipales de Sí se Puede Aranda y UPyD contra los miembros de la Junta de Gobierno Local que hace justamente cuatro años, en agosto de 2011, dieron su visto bueno a la licencia de obras para la adecuación de la Plaza de Toros de Aranda y la Casa del Guardés. Después de haber presentado la querella hace semanas, ahora solo están a falta de conseguir completar por suscripción popular los 6.000 euros que el juzgado les ha impuesto como fianza para poder personarse en el caso como acusación particular promotora de una acción popular. Pese a que el colectivo recurrió la fianza por considerarla excesiva, el juzgado se ratificó en su decisión, tras lo cual los miembros de este colectivo ciudadano decidieron abrir una suscripción popular que está dando sus frutos.

Los responsables del colectivo confían que en cuanto reúnan todo el dinero y lo presenten en el juzgado comience el proceso judicial contra los siete miembros de la Junta de Gobierno Local que en aquel momento dieron su visto bueno al acuerdo y también contra el técnico municipal que elaboró el informe en el que se basó la decisión. En aquel entonces formaban parte del órgano ejecutivo municipal la alcaldesa Raquel González, los concejales del grupo popular Ángel Calvo, Emilio Berzosa, Javier Rojas y Azucena Esteban y los concejales del entonces PCAL José Ignacio Díez y Elia Salinero.

Aunque el Concejal Máximo López Vilaboa también formaba parte de la Junta de Gobierno Local no participó en la toma de la mencionada decisión al encontrarse ausente. La Plataforma a favor de la Plaza de Toros ya anunció la presentación de esta querella en abril de este año cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó la decisión del juzgado de lo contencioso administrativo de anular la mencionada licencia para acondicionar el ruedo de la plaza a las dimensiones reglamentarios y alinear la casa del guardés con arreglo a la legalidad urbanística.

La sentencia del TSJ incluía un severo reproche a los políticos que tomaron la decisión de otorgar la licencia, circunstancia que ha animado a la Plataforma a presentar la actual querella por prevaricación. Fuentes de la Plataforma aseguran que están a un paso de completar la cantidad de 6.000 euros de fianza que les requiere el juzgado para ser considerados como acusación particular gracias a las donaciones de particulares, algunos de los cuales, curiosamente, han pedido que no se revele su identidad. Otros donantes han apuntado expresamente que en caso de devolución de la fianza el dinero se destine a la actividad de la propia plataforma.