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La paralización de la línea férrea Madrid-Aranda, que tiene suspendida la circulación de trenes desde que hace cuatro años se produjera un derrumbe durante unas obras en el túnel de Somosierra que dejó sepultada una bateadora, se enfrenta a un nuevo colectivo dispuesto a llevar este asunto a los tribunales.
Acaba de constituirse la Plataforma por el Directo Madrid-Burgos, con sede en la comunidad madrileña, que está preparando acciones legales contra ADIF. Y es que considera que el organismo público encargado de gestionar la infraestructura ferroviaria lleva cuatro años cometiendo una grave negligencia en su mantenimiento, al no restablecer el tráfico en una línea de gran importancia en la red española y vital para las comarcas que atraviesa, cuando su obligación en un caso como éste es adoptar, con sus recursos propios y sin necesidad de autorización del Ministerio de Fomento, las medidas necesarias para recuperar la normalidad.
La Plataforma por el Ferrocarril Directo Madrid-Burgos está contactando con otros colectivos que están interesados en la reapertura de la línea. Es el caso de Desarrollos Industriales Prado Marina, para el que recuperar la circulación de trenes hacia la capital de España reforzaría el aprovechamiento del ramal ferroviario que se está construyendo.