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No solo no se conforman con las explicaciones que recibieron en la comisión de urbanismo, sino que elevan el tono de sus advertencias: los propietarios del sector Arroyo de la Nava están dispuestos a promover al anulación del PGOU que se tramita en estos momentos si en él no se mantiene la calificación de urbanizable que les otorgaba el anterior plan aprobado en el año 2000. No admiten el argumento que esgrime la corporación arandina, que apela a una reciente normativa de la Junta de Castilla y León según la cual aquellos terrenos que no haya culminado su desarrollo como suelo urbanizable volverán sin más a tener la calificación de rústicos. Aseguran que la culpa de sus propiedades sigan siendo un erial y no se hayan convertido en la urbanización que tenían planeada, una ciudad jardín, con parques, colegio y guardería incluida, es del ayuntamiento, que ha estado detrás de cada retraso y de cada intento fallido de llevarlo a cabo. Y los ejemplos que ponen, datados en los últimos 15 años, son abultados: desde el retraso en poner al día un Plan General que debía estar adaptado antes de 2003 sin que todavía lo esté, hasta las anulaciones y demoras que en distintas instancias ha sufrido su proyecto. Inciden especialmente en la injerencia de la que el propio TSJ acusa al secretario municipal por haber elaborado sin que se le solicitase un informe contradictorio con los argumentos del letrado urbanista y en contra de lo intereses de los titulares de los terrenos.
    Los representantes de esta plataforma, que agrupa a unos 80 propietarios, aseguran que la ley les ampara para pedir una indemnización por la pérdida de valor de sus terrenos en caso de que vuelvan a ser rústicos, porque ha sido la propia administración pública la que ha impedido su desarrollo urbanístico. Y aunque desconocen si podría exigirse el pago  personalmente a los concejales y técnicos que han participado en estos procesos, apelan al sentido común para considerar que la mala fe con la que, desde su punto de vista, han actuado, sea suficiente argumento para que un juez les condene a responder con su propio patrimonio.
    Entre los portavoces de la plataforma se encuentra el funcionario municipal Andrés García, para el que varios grupos políticos están estudiando solicitar la apertura de un expediente por la utilización de información y recursos municipales para la defensa de sus intereses particulares. El aludido responde con una advertencia para navegantes: "La mejor defensa es un buen ataque, que se planteará donde haya que plantearlo".