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Como ya había anunciado la Plataforma por la Plaza de Toros ha recurrido el archivo por parte de un juzgado de Aranda de su denuncia por prevaricación administrativa contra los ediles que concedieron licencia de obras a la Plaza de Toros en el año 2011 y el técnico municipal que elaboró uno de los informes del proceso. En las últimas horas han formalizado este recurso ante la Audiencia Provincial, con la esperanza de que este órgano judicial continúe la instrucción. Y es que según argumentan los juristas de la Plataforma el juzgado de Aranda ha dado más credibilidad a los denunciados que a los testigos en aquellos puntos en los que existe contradicción. Recuerdan, para apoyar su recurso, que mientras los investigados no tienen obligación de declarar en contra de sus intereses, los testigos están obligados a decir la verdad.
    El juzgado número dos de Aranda archivó la denuncia hace una semana al no encontrar indicios del delito y tras rechazar una solicitud de los demandantes para ampliar el proceso con nuevos testigos. Su intención era que el juzgado llamara a testificar al menos a otros tres técnicos municipales, posibilidad a la que la plataforma no renuncia si la Audiencia admite su recurso. Se plantean incluso ampliar la querella a Máximo López Vilaboa, que en un principio no fue demandado al no haber participado en la votación de la licencia de obras de la plaza por ausencia en la sesión de la Junta de Gobierno. Sin embargo López Vilaboa sí votó a favor, semana después, de la licencia provisional de apertura del coso para las fiestas patronales, un permiso directamente vinculado a la licencia de obras que es el objeto principal de la querella. Una licencia de apertura, por cierto, que también fue anulada por los tribunales.
    Por cierto que la Plataforma está a la espera de que el juzgado arandino resuelva la petición de uno de los afectados de este proceso para que este colectivo sea condenado en costas. Una vez conocido el archivo del caso, y dado que existe una fianza establecida, precisamente para estos casos, el único empleado público denunciado en este proceso, el arquitecto municipal, ha solicitado que dado que la denuncia se ha archivado, sean los denunciantes quienes se hagan cargo del coste que la defensa ha supuesto para quienes han quedado, de momento, libres de la acusación. Una solicitud a la que la propia Plataforma ha presentado sus argumentos en contra, a la espera de lo que decida el juzgado arandino.