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La Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros ha registrado hoy un escrito en el Ayuntamiento solicitándole que exija inmediatamente a Toros Ricor el estricto cumplimiento del contrato para organizar la feria y la incoación del correspondiente expediente sancionador, anulando cualquier pago de gastos relacionados con la misma.
    Este colectivo discrepa del informe realizado por el departamento de Juventud, justificando la validez del rango de los toreros que forman parte del cartel, y considera inadmisible que la Alcaldesa lo defienda, respaldando las irregularidades del empresario Victoriano del Río.
Dice que las excepciones que contempla el pliego respecto a los criterios establecidos para medir la categoría de los diestros, que son el puesto que ocupan en el escalafón taurino y el número de corridas de la temporada anterior, sólo pueden aplicarse restrictivamente, deben estar fundadas en supuestos de reciente alternativa o reaparición del matador tras una cogida. Además, en cualquier caso, estas excepciones deben ser expuestas por la propia empresa al Ayuntamiento 45 días antes del inicio de la feria. Julián Mateos es el portavoz de la Plataforma.
En este escrito, la Plataforma solicita al portavoz del equipo de Gobierno, Emilio Berzosa, que le entregue copia del informe jurídico en el que supuestamente se basa el Ayuntamiento para no retirar de la vía pública los carteles que anuncian la feria, encadenados al mobiliario urbano, que incumplen la normativa, y si se ha emitido de forma verbal, en cualquier, caso se identifique al autor, porque tiene intención de rebatirlo. Julián Mateos considera que estos argumentos son “un alarde de temeridad” y un nuevo agravio comparativo con respecto a lo que haría el Consistorio si algún particular, que no fuese Victoriano del Río, abandonara en la vía pública cualquier enser al modo en que ha colocado estos carteles el susodicho.
El concejal popular no se da por aludido al respecto de este requerimiento de la Plataforma, entendiendo que en ningún momento dijo que existiera un informe cuando habló de que se había decidido no tocar los carteles tras consultar a los servicios jurídicos.