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El equipo de gobierno cuenta con el apoyo del RAP, que considera aclaradas sus dudas y con la oposición del PSOE, que entiende que esta normativa se ciñe exclusivamente a los bares
29/09/2015
El equipo de gobierno llevará al próximo pleno la ordenanza del ruido para su aprobación definitiva sin tener garantizada la mayoría necesaria. Este documento, que fue aprobado provisionalmente por la corporación anterior en febrero, entre otras cosas, obliga a los establecimientos hosteleros que dispongan de equipos de música a disponer de forma obligatoria de limitadores para el autocontrol de decibelios. La Policía Local podrá hacer un seguimiento preciso del nivel de la música de los bares al recibir a tiempo real la información de estos dispositivos que les transmiten esa información a través de Internet.
Esa normativa municipal, que habla de las sanciones que se pueden aplicar según la gravedad de su incumplimiento, no parece contar con el beneplácito de la mayor parte de la oposición, que ve en ella una forma de criminalizar al sector hostelero, mientras deja fuera de su regulación otras actividades que pueden ser más molestas.
Este documento, que no presenta ninguna modificación sobre el que fue aprobado provisionalmente en febrero, recibió en la última comisión de Urbanismo el dictamen favorable con los votos afirmativos del PP y el RAP y la abstención del resto. El concejal responsable de este departamento, Alfonso Sanz, que niega que la normativa pretenda ser una cruzada contra los bares, ve como algo positivo que ningún grupo se haya pronunciado en contra.
De momento, el equipo de gobierno tiene asegurado el apoyo de Renovación Arandina Progresista. Dice su portavoz, Eusebio Martín, que después de que los técnicos de la concejalía hayan aclarado las dudas que tenían, pese a que hay algún fleco con el que no está de acuerdo, considera más ventajoso consentir su aprobación definitiva sin modificaciones que implicarían abrir un nuevo proceso de exposición pública y alegaciones y retrasaría la entrada en vigor de un documento que, a la postre, viene a ser menos restrictivo que la normativa de Castilla y León, que es de rango superior y que ya obliga, por ejemplo, a los bares que tengan equipos de música a instalar un limitador de ruidos.
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