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La licencia ambiental y de obras para la explotación de una granja de algo más de un millar de cerdos de cebo en la zona suroeste de Aranda, que concedió hace quince días la Junta de Gobierno Local, ha motivado que se constituya agrupación de empresarios, instituciones y vecinos para iniciar los trámites encaminados a paralizar la construcción de esta instalación, que considera muy perniciosa para el medio ambiente.
El colectivo que se ha declarado en pie de guerra está formado por una veintena de personas entre empresarios del vino, la hostelería, vecinos de las inmediaciones y el Colegio San Gabriel, para continuar de forma agrupada los trámites jurídicos para impedir que este proyecto tome forma.
La explotación porcina intensiva pretende instalarse en suelo clasificado en el vigente PGOU como terreno rústico y así se mantiene en la revisión, aprobada inicialmente el 17 de octubre de 2014, al calificarse como Suelo Rústico con Protección Natural Forestal Arbolado con un grado de protección muy alto. En un escrito que ha hecho público, la agrupación considera todo un escándalo, además de un contrasentido, que la misma Oficina de Obras que declara que esos terrenos deben gozar una especial protección por sus valores naturales y ecológicos, sin embargo, autorice la construcción de una explotación porcina intensiva que se caracteriza por la generación de residuos tóxicos, contaminantes y perniciosos para el medio ambiente y la salud de las personas y animales.
    Los afectados directos ya han recurrido en vía administrativa las licencias y denuncian que los técnicos de la Oficina de Obras han omitido pronunciarse sobre las alegaciones formuladas  en recursos anteriores, previos a la concesión de la licencia, vulnerándose la legalidad.
La agrupación tiene la esperanza de poder paralizar el proyecto en vía administrativa, puesto que de tener que acudir a la judicial, teme que el asunto derive en un nuevo escándalo urbanístico que como consecuencia de la gestión técnica de la Oficina de Obras, pueda llevar al Ayuntamiento a asumir responsabilidades civiles y penales. Comparan este expediente con el de la Depuradora, que también incumplía las distancias legales, y el de la ocupación ilícita de  los terrenos de Proincove, alertando de que el Ayuntamiento se viera obligado una vez más a hacer frente a indemnizaciones millonarias por una tramitación irregular.