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La Junta de Castilla y León no se plantea de forma inmediata adoptar ninguna medida en el edificio Orfeón Arandino pese a la gravedad de los hechos que se han puesto de manifiesto estos días, después de que la Policía Nacional desmantelara el viernes un completo centro de cultivo y tratamiento de marihuana oculto en uno de los pisos que en su día tapió para evitar que fueran ocupados de forma ilegal.
    Fue hace ocho años cuando, a raíz de una reyerta que se saldó con el homicidio de un vecino, varias familias se marcharon precipitadamente, dejando vacías varias viviendas, que se clausuraron a base de ladrillo y cemento. Sin embargo, los hechos han demostrado que no ha servido de mucho esta medida, facilitando estos inmuebles actividades ilícitas, como la recientemente descubierta. El delegado territorial, Baudilio Fernández Mardomingo, aunque reconoce que no tiene garantías de que pueda haber más sorpresas en otros pisos tapiados, confía en que no sea así y asegura que la Junta no puede hacer gran cosa por evitarlo.
    Los problemas de este edificio se remontan prácticamente a cuando la Junta lo construyó y permitió que se convirtiera en un gueto para habitantes de etnia gitana. Han pasado ya quince años desde que el que fuera entonces delegado territorial, Fernando Rodríguez Porres, manifestara su voluntad de sentarse a dialogar con el Ayuntamiento para adoptar iniciativas encaminadas al realojo de las familias del Orfeón Arandino en otras viviendas de la localidad. Su homólogo actual dice que la solución hoy en día no pasa por esta medida, aunque sí reconoce que urge hacer algo para atajar los enganches ilegales de luz y de agua que hay en este edificio, por no hablar de sus condiciones de insalubridad.
Mardomingo asegura que desde la Consejería de Fomento lo están estudiando, pero ahora mismo hay otras prioridades por delante como la atención sanitaria, la educación y los servicios sociales.