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Según las conclusiones provisionales del ministerio fiscal los hechos se produjeron en julio de 2015, cuando el acusado,  tras una reunión familiar y a la hora de dormir, se introdujo en la misma habitación en la que se encontraban dos menores, colocando un colchón en el suelo en el que se tumbó. Este individuo, que entonces tenía 30 años de edad, esperó a que una de las niñas que en aquel momento tenía 13 años,  saliera de la cama y según afirma literalmente la fiscalía “de manera voluntaria se tumbara junto a él” aprovechando el susodicho para penetrarla vaginalmente.
El ministerio público califica los hechos como delito de abuso sexual, por el que solicita nueve años de prisión y otros cinco años de libertad vigilada posteriores a la pena privativa de libertad, así como el pago de una indemnización de 9.000 euros al representante legal de la menor por el daño moral producido.
Dese septiembre de 2015 el acusado tiene prohibido el acercamiento y comunicación con la menor, medida que la fiscalía solicita que se amplíe hasta que haya una resolución definitiva de esta causa. Además ha solicitado que se adopten las medidas de protección necesarias para evitar que la menor tenga que ver al procesado en el momento de declarar en el juicio oral.