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La Fiscalía no ve indicios de delito en el comportamiento del exalcalde de Roa, David Colinas, cuyo supermercado suministró productos por valor de cerca de 90.000 euros al ayuntamiento y sociedades municipales a lo largo de más de una década mientras ejercía como máximo responsable del consistorio. Eso sí, el Ministerio Fiscal no se resiste a reprochar a Colinas una posible falta de ética pública, que incluso podría tener efectos judiciales, aunque no penales.
El Ministerio Público ha archivado las diligencias abiertas la pasada primavera a instancias de la actual alcaldesa de Roa que solicitó que el fiscal se pronunciara sobre las ventas que el comercio del exalcalde realizó tanto al ayuntamiento como a la Sociedad Municipal de la Vivienda y el Suelo y la Fundación Raudense de la Tercera Edad de las que también era máximo responsable durante el periodo en el que se realizaron los intercambios comerciales, entre 2003 y 2015. La petición de investigación se acompañaba de los documentos que acreditaban los suministros, siempre de menor cuantía, porque en ningún momento existió un contrato de suministro. También se remitió al Ministerio Público un informe del secretario municipal de Roa en el que se afirma que el exregidor había sido alertado en varias ocasiones de la incompatibilidad que supone la contratación con el ayuntamiento.
De hecho en el escrito de archivo la Fiscalía asegura que en los hechos investigados puede haber “una incompatibilidad entre su actuar como autoridad municipal y su obrar como administrador único de ´Colinas y Velasco´ que tal vez pueda tener relevancia jurídica, pero no en el ámbito penal”. El Ministerio Público argumenta que no existe un tipo penal que se ajuste a los hechos investigados.
Por otra parte la Fiscalía pone de manifiesto que no hubo ningún acuerdo municipal “debidamente acreditado a los efectos exigidos en la jurisdicción penal”  para que el suministro de mercancías se realizara  por la Sociedad ´Colinas y Velasco SL´ “ni consta que el alcalde se aprovechara de su condición en la corporación para facilitar o forzar el mencionado suministro”. Una afirmación que queda matizada en el mismo escrito, en el que se indica que “de lo actuado se puede inferir la existencia de una posible falta de ética pública del denunciado, pues tenía que haberse abstenido en todo lo concerniente a esos suministros, dado que él estaba interesado económicamente en el asunto.”