Radioaranda.com

Ni siquiera a la tercera fue la vencida. La Fiscalía provincial rechaza la solicitud que presentaba hace dos meses Sí se Puede Aranda para que investigue posibles responsabilidades penales en el denominado Caso PROINCOVE y no tramitará expediente alguno para esclarecer si hubo delito en la polémica ocupación irregular de los terrenos de la ribera del Arandilla que amenazan con costar más de siete millones de euros a las arcas municipales. Pero esta decisión no implica que no hayan existido indicios delictivos porque el Ministerio Público aparca el caso sin entrar en el fondo de la cuestión de un proceso que ha desembocado en esta indemnización multimillonaria. La fiscalía argumenta que ha transcurrido el plazo de diez años que marca la ley para que haya prescrito cualquier hipotético delito en esta causa, ya que fija como momento de la cuenta atrás la fecha en la que se recepcionaron las obras de acondicionamiento de las riberas de los ríos, a mediados de diciembre de 2005, por lo que habría pasado ya más de medio año desde que cualquier investigación penal habría quedado sin consecuencias.
    La propia fiscalía provincial indica a los demandantes que pueden intentar que el caso prospere por otras vías. Concretamente alude a la posibilidad de que presenten su solicitud ante la Fiscalía Anticorrupción. Una vía que no descartan desde Sí se Puede Aranda, aunque antes están estudiando la posibilidad de rebatir a la fiscalía provincial sus argumentos y volver a presentar ante este organismo otra solicitud para que estudie algunas decisiones y hechos producidos entre 2006 y 2007 que, de ser constitutivos de delito, no habrían prescrito aún.
    Se trata de la tercera vez que la Fiscalía rechaza una petición de investigación sobre el caso PROINCOVE. Lo hizo a finales de 2012 ante la petición de la concejala socialista Mar Chamorro, que solicitaba que el ministerio fiscal se pronunciara sobre su irreprochable conducta en este caso. La Fiscalía también decidió archivar la solicitud de la alcaldesa de Aranda, respaldada por el pleno hace justamente un año. En aquel momento la fiscalía pidió al ayuntamiento arandino que detallara qué y a quién debía investigar, ante la petición genérica de que se pronunciara sobre si había algo irregular en un abultado expediente que se envió completo y con toda la documentación anexa. Nada se contestó al fiscal que decidió archivar la solicitud. Ahora, cuando Sí se Puede Aranda ha cumplido este requisito que se solicitaba, enviando un dossier que subrayaba especialmente aquellas circunstancias que podían resultar sospechosas de irregularidad y adjuntando un listado de técnicos y políticos que intervinieron en las decisiones de este proceso, son los plazos los que han jugado en contra del esclarecimiento de unas responsabilidades que le costarán al pueblo de Aranda más de siete millones de euros.