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Los hechos que han dado lugar a esta sentencia se produjeron a primeros de febrero de 2013. El hombre llamó a su ex pareja, que vive en Aranda, para pedirle que dejara de mentir sobre él y su actual compañera. Acalorado por la situación, el acusado amenazó con matarla si no dejaba de comentar a otros detalles negativos sobre su persona.
Según la sentencia, el acusado negó en todo momento los hechos de forma contundente y clara y alegó que la denunciante había realizado tres declaraciones contradictorias sobre los hechos. La víctima explicó que ese día recibió hasta un total de tres comunicaciones por parte de su exmarido y la actual pareja de este. Al recibir la segunda llamada, la mujer activó el manos libres de su terminal, lo que permitió que dos amigos que estaban con ella en ese momento escucharan las amenazas, tal y como recoge la Audiencia en su texto.
Frente a ello, el acusado manifestó a los jueces que tanto él como su pareja habían realizado las llamadas con el ánimo de que su exmujer dejara de contar falsedades sobre ellos, pero negó que hubiera amenazado con matarla. El hombre aportó en su defensa los testimonios de su actual pareja y su madre, que al parecer se encontraba al teléfono con él en una de las llamadas y pudieron escuchar la conversación gracias también al manos libres. Además, llegaron a aclarar que, en contra de sus argumentos, fue realmente la exmujer quien insultó y menospreció al hombre. Verónica Alarcón, directora jurídica de la firma ePrivacidad, señala que para que esos supuestos insultos hubieran sido tenidos en cuenta por el tribunal habría hecho falta una denuncia previa del marido como perjudicado.
La Audiencia Provincial de Burgos ha confirmado la sentencia de la primera instancia, que condenaba al acusado a nueve meses de prisión y a una orden de alejamiento y privación del derecho a tenencia de armas por un periodo de dos años.
Verónica Alarcón, experta en vulneración al honor, cuenta que actos de amenazas como este pueden llegar a sancionarse con una pena de prisión de hasta cinco años y que cada vez hay más casos de este tipo que llegan a los tribunales.