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En la sesión plenaria de julio quedó sobre la mesa la única moción que figuraba en el orden del día, presentada por Sí Se Puede Aranda con vistas a erradicar la aplicación en todo el término municipal de herbicidas que contengan glifosato, un componente de acción rápida, de uso muy extendido, que no tiene carácter selectivo y que se infiltra en el suelo, con riesgo de contaminar los acuíferos.
La alcaldesa, no dio opción a debatirla, acogiéndose a un artículo del reglamento que impide que se puedan aprobar sin el informe técnico correspondiente ningún tipo de propuestas que pudieran modificar derechos u obligaciones de los administrados. Esta decisión fue muy criticada por el PSOE, IU y el propio grupo de Sí Se Puede. El concejal socialista Ildefonso Sanz considera que se trata de una decisión política que no tiene por qué acogerse a ningún informe.
En el turno de ruegos y preguntas el concejal de UPyD pidió explicaciones sobre el comentario que hizo el presidente de la Diputación el 14 de julio durante la firma del convenio de Bomberos sobre la manera en que la administración provincial tiene previsto compensar las salidas de este cuerpo municipal a los municipios que no contempla este acuerdo de colaboración. César Rico reconoció que no se contempla ninguna contraprestación para ello y que lo agradecerá “con un abrazo”. Javier Ávila considera que este comentario demuestra la falta de voluntad en abordar esta cuestión una vez que ambas administraciones han firmado ya por cuatro años.

IU pide la creación de una comisión de seguimiento de los servicios públicos privatizados. Lo hacía anoche en el pleno ordinario de julio, donde se daba cuenta en uno de los puntos del orden del día de los informes sobre el funcionamiento de las contratas que algunos departamentos municipales han redactado, respondiendo a la moción que esta misma formación política presentó en el pleno de febrero y que fue aprobada por unanimidad.
El portavoz del grupo insistió en su idea de que el equipo de gobierno no tiene voluntad política de ejercer un control sobre los servicios externalizados y que el Consistorio está pagando por conceptos de los que se desconoce si se están llevando a cabo. Jonatan Gete re refirió también al compromiso adoptado hace un año por el Pleno de constituir una empresa pública de servicios que podría asumir algunos de los trabajos que actualmente se encuentran privatizados, de la que a día de hoy no se tiene noticia.