Radioaranda.com

Más de cuatro horas duró en total el interrogatorio al que fueron sometidos este lunes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda seis miembros de la Junta de Gobierno Local que en el mandato anterior otorgaron la licencia de obras de la plaza de toros cubierta.  
A las nueve menos cuarto de la mañana, cuarenta y cinco minutos antes de la hora en que estaban citados, ya se encontraban en el Palacio de Justicia la alcaldesa, Raquel González, el portavoz del actual equipo de gobierno, Emilio Berzosa, y la también concejal popular Azucena Esteban, que forman parte del grupo de investigados en este proceso. A las diez y media estaba previsto el comienzo de una segunda tanda de interrogatorios a Elia Salinero, la cuarta edil de ellos que permanece actualmente en la corporación municipal, su antiguo compañero de filas, José Ignacio Díez y el, también ex concejal, Ángel Calvo. Hay un séptimo investigado entre los responsables políticos, Javier Rojas, que requirió el aplazamiento de la cita ante la juez con motivo de un viaje reservado con anterioridad a esta convocatoria. A última hora de la mañana entraba a declarar también el arquitecto municipal Raúl de Frutos, el técnico que elaboró el informe en el que se basó la decisión del equipo de gobierno que autorizaban en el año 2011 varias obras para ajustar a la legalidad estas instalaciones, como la reducción del aforo y la ampliación del ruedo.
    Esta licencia fue anulada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en una sentencia que hizo firme a principios de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y fue la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros, junto con las formaciones políticas de Sí Se Puede Aranda y UPyD, la que unos meses después decidieron presentar una querella por entender que esa resolución judicial deja entrever que hay indicios penales de supuesta prevaricación en esa decisión política, adoptada sin un informe jurídico preceptivo y con varios reparos de otros informes técnicos.
    La alcaldesa a la salida del Juzgado rehusó hacer cualquier tipo de comentarios sobre el contenido de estos interrogatorios, basándose en el carácter reservado que debe salvaguardar estas diligencias previas.