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La alcaldesa de Aranda se comprometía anoche a llevar a la Fiscalía el expediente del caso Proincove. Este órgano judicial tendrá que investigar qué tipo de responsabilidades políticas o técnicas pueden derivarse del hecho de que los terrenos ocupados junto al río Arandilla en su momento para el proyecto de acondicionamiento de las riberas urbanas, cuyo valor real no llega a los cuarenta mil euros, pueda llegar a costarle al Ayuntamiento más de siete millones de euros.
    En el pleno ordinario de abril se debatía la propuesta de la distribución de los remanentes de tesorería, fragmentados en 7 partidas distintas. Una de ellas, de algo más de un millón de euros, corresponde al segundo plazo de los cuatro millones impuestos por el Tribunal Superior de Justicia como medida cautelar por la ocupación de esta parcela sin el correspondiente proceso de expropiación. Este asunto dio lugar a un debate que inició el concejal de UPyD, Javier Ávila, que junto al portavoz municipal socialista, Luis Briones, fueron los dos únicos ediles que votaron en contra de cumplir con este pago.
    Con este mismo planteamiento coincidieron todos los grupos políticos, que expresaron la necesidad de llevar a cabo esta iniciativa. El concejal socialista Ildefonso Sanz se preguntaba por qué no se ha adoptado esta decisión hace ya tiempo.
    Por parte del equipo de gobierno, el concejal Javier Rojas, que en su día fue el que dio la cara por el Partido Popular para denunciar públicamente este asunto, agradecía al resto de los grupos políticos su empuje unánime para llevar este expediente a la Fiscalía.
    La alcaldesa finalizaba este debate reiterando su compromiso de recabar todos los documentos de este expediente para ponerlos en manos del fiscal. Raquel González reconocía que esta cuestión ha supuesto la primera pesadilla de este mandato.