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El pleno podría aprobar este viernes en una sesión extraordinaria el primero de una serie de plazos para cumplir con una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, que le obliga a compensar con 779.000 euros a los antiguos propietarios de unos terrenos que el Ayuntamiento expropió en 1982 para las obras de ampliación de la carretera de Palencia dentro del casco urbano. Los trámites judiciales se han ido alargando y es a la actual corporación a la que le toca cumplir con esta obligación que no tiene ya ninguna forma de eludir, como explicó la alcaldesa, Raquel González.
El concejal de UPyD, considera que este gasto extraordinario, que con los intereses correspondientes asciende a 842.000, unido a otros como los del caso Proincove y la indemnización de las parcelas a la SEPES, comprometen las inversiones en los próximos años, poniendo en serio riesgo el desarrollo del municipio. Javier Ávila echa en falta explicaciones por parte de quienes sean los culpables de esta situación y pide que se hagan las investigaciones necesarias para depurar responsabilidades y que se tomen las decisiones oportunas, incluyendo la dimisión del concejal responsable.
La alcaldesa considera que estas críticas están fuera de lugar, al tratarse de una mala herencia de hace varios mandatos y acusa al concejal de UPyD de buscar con ellas un protagonismo que no le corresponde.