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La falta de vigilancia del Ayuntamiento de Aranda sobre el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas ha llevado a José Luis Moreno a plantearse la posibilidad de denunciarle ante la Fiscalía por no colaborar en este aspecto con el Procurador del Común.
    Hoy se cumplen dos años justos desde que este vecino, que se desplaza en silla de ruedas, se dirigiera al consistorio arandino para preguntarle si estaba inspeccionando esta cuestión en las obras que se llevan a cabo en el municipio. Y es que, aunque en las nuevas construcciones sí parece que se está acatando generalmente la normativa, dice José Luis Moreno que en las obras de reforma de antiguos establecimiento, a la postre no se respetan los planos que se presentan a la oficina de Urbanismo cuando se solicita la licencia correspondiente y nadie se molesta en evitar estos incumplimientos.
    La falta de respuesta del Ayuntamiento llevó a José Luis Moreno a solicitar el respaldo del Procurador del Común, que tampoco lo ha conseguido, a pesar de haber remitido al Consistorio varios escritos. En el último de ellos da por archivado el expediente y le informa de que pasa a engrosar el registro de Entidades no Colaboradoras con esta institución. Se trata de un triste “honor” que no parece ir más allá de figurar en la página web y de que aparezca también en el informe anual que esta entidad presenta ante las Cortes de Castilla y León.
    Dice Moreno que si, al menos, esta vergonzosa calificación fuera a título personal para que los concejales responsables de esa falta de colaboración y de que se vulneren los derechos de la ciudadanía se vieran retratados con nombres y apellidos, quizás no la contemplaran con tanta indiferencia.
    Moreno en el último escrito que ha enviado al Procurador del Común, le comenta que cree “necesario dar un escarmiento a todas las personas que se escudan bajo el nombre del Ayuntamiento e ignoran tanto las peticiones de ciudadanos como las resoluciones de instituciones superiores”. Por ello, dice que como último recurso no ve otra opción que la de que se traslade el expediente archivado al Ministerio Fiscal por si se hubiera incurrido en responsabilidad penal por no colaborar con esta institución.