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Los jueces dan la razón a la Junta de Castilla y León en su decisión de declarar Bien de Interés Cultural las bodegas subterráneas de Aranda, frente a la oposición de las peñas de la localidad. La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por estos colectivos contra la declaración BIC de este singular patrimonio arandino. Una acción judicial promovida hace año y medio por considerar que la declaración se llevó a cabo de forma unilateral sin contar con los propietarios y colectivos afectados, además de llamar la atención sobre lo que consideraban defectos en el procedimiento.
Aunque en la sentencia el Tribunal pone en cuestión algunos aspectos del proceso considera que los posibles defectos no son invalidantes y que la declaración BIC finalmente puede considerarse correcta, por lo que desestima la pretensión de las peñas. En su resolución la sala advierte expresamente que en ningún caso se pone en cuestión el cuidado de este patrimonio que han llevado a cabo de forma particular vecinos y peñas, ya que la sentencia reconoce expresamente su labor de mantenimiento durante 40 años. Asegura respetar las firmas que han avalado las pretensiones de los colectivos peñísticos, pero no les da valor jurídico, como tampoco a las acusaciones de que en la declaración BIC hay un trasfondo político o mercantil, por encima del objetivo de protección.
La sentencia puede ser recurrida en casación ante el propio Tribunal  Superior de Justicia y no se imponen las costas a ninguna de las dos partes, porque el magistrado también reconoce sus dudas racionales en el enjuiciamiento de este caso.