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Ya no hay posibilidad de apelación: definitivamente el ayuntamiento tendrá que desembolsar unos siete millones de euros por el caso PROINCOVE. El asunto de la ocupación ilegal de unos terrenos en la ribera del río Arandilla parece llegar al final de su periplo judicial y lo hace con las peores noticias para el ayuntamiento y el pueblo de Aranda: habrá que pagar prácticamente toda la cantidad reclamada por los dueños de las parcelas, con una mínima rebaja de medio millón de euros al haber corregido el tribunal el cálculo de los intereses. En su último y definitivo pronunciamiento el Tribunal Supremo sentencia que los terrenos en discordia deben estar valorados en los más de cuatro millones de euros ya fijados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, rechazando la petición del ayuntamiento que se acogía a una última valoración efectuada por la arquitecta municipal que fijaba el justiprecio en poco más de medio millón. A esto hay que añadir un 25 por ciento de incremento por ocupación ilegal. El propio Tribunal Supremo ya había dejado claro esta circunstancia para el caso de la parcela pequeña en un auto emitido el mes de agosto. Ahora sentencia que también ha de aplicarse este mismo porcentaje en el caso del terreno de mayores dimensiones, lo que viene a suponer alrededor de un millón de euros más.
El ayuntamiento tiene que conformarse con una mínima victoria en el cálculo de los intereses de demora: el Tribunal Supremo solo se aviene a rebajar en medio millón de euros aproximadamente el montante de este concepto, ya que fija en una fecha posterior a la que se estaba utilizando hasta el momento el comienzo de su cálculo.
A la postre, en dinero contante y sonante, y cuando hemos llegado al punto en que las decisiones judiciales ya no tienen apelación posible, el ayuntamiento tendrá que desembolsar cerca de siete millones de euros, de los cuales ya ha pagado unos dos.  El próximo 30 abril vence el siguiente plazo de pago fijado en su día por el tribunal superior de justicia, momento en que las arcas municipales deberán liberar otro millón de euros más.