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El sector Arroyo de la Nava vuelve a sede judicial. Y vuelve a un tribunal que ya se posicionó en su día contra la postura municipal de dejar este sector como está sin conceder el aprovechamiento de 45 viviendas por hectárea que reclaman los propietarios.
    Ha vuelto a ser el promotor de la urbanización de estos terrenos, Angel Prieto, quien ha presentado un contencioso ante Tribunal Superior de Justicia contra la decisión del ayuntamiento de no tener en cuenta su solicitud para que se apruebe provisionalmente la modificación del Plan General que permitiría la construcción de hasta 45 viviendas por hectárea en este sector.
    Es la segunda vez que el recurrente lleva el asunto al mismo tribunal. Lo hizo, y con éxito en 2010 para recurrir el primero de los pasos que tiene que superar cualquier modificación urbanística de calado, la aprobación inicial. En aquel momento el ayuntamiento también había archivado su petición, aunque cuatro años más tarde, en 2014, el tribunal superior de Justicia vino a enmendar la plana municipal dando la razón a quienes pedían que continuara el proceso para aprobar el mencionado aprovechamiento en la construcción de viviendas. Animado por esta decisión judicial, Ángel Prieto volvió a promover el proceso administrativo solicitando la aprobación provisional, segunda de las tres aprobaciones que se requieren. Esta solicitud volvió a ser denegada el pasado mes de septiembre, por lo que el interesado lleva ahora de nuevo el caso a la sala contencioso administrativa del Tribunal Superior de Justicia, solicitando que pueda continuar el trámite de la aprobación provisional, paso previo a la aprobación definitiva.

    Aunque esta iniciativa judicial está promovida únicamente por un particular, la plataforma que agrupa a buena parte de los cerca de 80 propietarios de terrenos de Arroyo de la Nava sigue trabajando para tratar de que el futuro Plan General de ordenación Urbana contenga sus pretensiones de urbanizar este sector. Esta misma semana tienen intención de presentar un documento elaborado con asesoramiento técnico y jurídico en el que alertan de la infinidad de irregularidades que consideran que cometería una normativa urbanística que pretenda permitir el desarrollo del sector SUR2, conocido como “San Ignacio-Virgen de las Viñas”, en el que ahora mismo se incluye el Supermercado Simply. Este informe alerta que dicho sector no cumple la obligación de colindar al menos en un 20% con el casco urbano, cuando se trata de un terreno encapsulado entre el río, la vía del tren, la N-1 y el parque de la Virgen de las Viñas, no cuenta con accesos y su construcción es problemática por los reparos que ya han puesto los responsables de carreteras, pone en peligro la integridad del Paseo Virgen de las Viñas y vuelve a incumplir una norma que ya ha dado serios disgustos al ayuntamiento, la prohibición de construir a 2.000 metros de una actividad insalubre, molesta, nociva y peligrosa, cuando la normativa prevista permitiría construcciones a unos 200 metros de la fábrica de Calidad Pascual. Recordamos que la regulación de la distancia de los 2000 metros es el origen del tortuoso proceso de la Depuradora de la que se espera decisión judicial sobre la indemnización que tendrá que pagar el ayuntamiento.
    La propia plataforma alerta también que en breve podría ocuparse también de la situación de las Eras de Santa Catalina, donde ha sido la Confederación Hidrográfica del Duero la que últimamente se ha encargado de desbaratar también los planes municipales para su urbanización, puesto que declara aproximadamente una tercera parte de estos terrenos inundables a cien años, lo que impide construir sobre ellos. Pero alerta de que en otra buena parte de los terrenos el peligro podría surgir a 500 años, por lo que se restringe la posibilidad de construir sótanos y las plantas bajas no podrían dedicarse a vivienda. Circunstancias que limitan también el aprovechamiento de esta zona.
    Ante estos problemas urbanísticos los propietarios de Arroyo de la Nava consideran un agravio comparativo que se excluyan sus terrenos del futuro desarrollo urbanístico de la villa, cuando según sus criterios, no solo cumplen los requisitos necesarios, sino que carecen de los impedimentos de los otros dos sectores, más beneficiados en la revisión del PGOU en curso.
    Los propietarios advierten de que si finalmente las decisiones municipales merman sus derechos siguen decididos a pedir responsabilidades personales a los políticos que tomen dichas decisiones. Recordamos que en una pasada comparecencia pública calculaban en decenas de millones las indemnizaciones que los propietarios podrían solicitar por la pérdida de valor de sus terrenos al haber sido la propia administración pública la que ha impedido su desarrollo urbanístico.