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La denuncia que esta misma semana hacía el secretario de organización del RAP en esta emisora sobre la utilización del convenio de bomberos por parte del PP para presionar la entrada de este partido en el equipo de gobierno arandino está removiendo las aguas de la Diputación Provincial. Es ahora el Partido Socialista en esta institución quien pide explicaciones a su máximo responsable, el presidente César Rico, que también preside el PP provincial, sobre lo que entienden que puede ser un uso partidista de las instituciones.
    Recordamos que Sergio Ortega, secretario de organización del RAP, declaraba este lunes en una entrevista en Hoy por Hoy Aranda que el PP estaba dispuesto hace unos meses a aportar hasta un millón de euros en cuatro años al parque de bomberos arandino para la prestación del servicio en la comarca siempre y cuando este partido entrara en el equipo de gobierno para reforzar al grupo popular. Una cantidad que se ha visto mermada en 100.000 euros toda vez que el pacto con el partido localista no cuajó y que el PP ha encontrado un aliado en el partido socialista para sacarlo adelante.
    El portavoz del grupo socialista en la corporación provincial, David Jurado, ha exigido a Rico explicaciones inmediatas ante estas palabras. Asegura que de confirmarse los hechos denunciados serían gravísimos y exigirían depurar responsabilidades, porque “condicionar a un pacto postelectoral la cuantía económica con la que esta institución colabora con el ayuntamiento ribereño en el mantenimiento del parque de bomberos constituye un uso partidista de las instituciones que exige el cese inmediato de sus responsables”
    Unas palabras que ya han tenido contestación por parte de quien tiraba la primera piedra: Sergio Ortega no se ha callado, una vez más, e interpela también al líder socialista sobre lo que considera que es el verdadero problema que no se está abordando, y que no es otro que las deficiencias del servicio de extinción de incendios que se presta a la comarca, que es responsabilidad de la Diputación y que asumen las arcas municipales arandinas. Sergio Ortega pone de manifiesto la contradicción que supone que los municipios de Torresandino y Roa justificaran con nóminas de otros trabajadores municipales, como un alguacil y agente de policía respectivamente, el dinero que Diputación aportaba para garantizar el buen funcionamiento de los parques municipales de bomberos. Se pregunta el político arandino cómo es que los servicios de intervención dejaron pasar esta aparente irregularidad, mientras que ahora es quien proporciona la excusa a los políticos para no admitir un convenio superior a los 900.000 euros cuatrienales. Finalmente pide a los responsables provinciales que ejerzan como tales y se interesen a pie de obra por el funcionamiento real de dichos parques de bomberos municipales a los que aportan fondos.