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En esta sesión plenaria quedaron pendientes para su estudio en la comisión de Régimen Interior la moción conjunta de IU y Sí Se Puede de adoptar el modelo de Presupuestos Participativos que practican algunas ciudades y la que presentó de forma individual este último grupo de abrir una comisión investigadora sobre la ocupación ilegal de algunos terrenos que está teniendo consecuencias gravosas para el Consistorio.
La razón en ambos casos es la ambigüedad o la falta de concreción de los planteamientos, una idea en la que coincidieron la mayor parte de los grupos políticos. En el primer caso fue de la concejal de Ciudadanos, Elia Salinero, de quien partió la propuesta.
La propuesta de que la moción tome una forma más concreta en la comisión informativa salió adelante con los únicos votos en contra de IU y Sí se Puede, que reconocieron que su planteamiento es una mera declaración de intenciones con la idea de que toda la corporación participe en los detalles. En cuanto a la creación de una comisión investigadora surgieron otras dudas y reticencias adicionales, como es la cláusula que impediría que puedan ser miembros de ella concejales que hayan tenido responsabilidades en el área de Urbanismo, una norma que dejaría fuera de ella a la propia alcaldesa, Raquel González, y otros miembros de la corporación, como Eusebio Martín y el socialista Ildefonso Sanz. Este último hablaba del carácter discriminatorio y de la posible ilegalidad de esta medida.
Por otra parte, con el apoyo de Sí se Puede, IU y RAP, la abstención de Ciudadanos y UPyD y el voto en contra del PP, vio la luz la moción que presentó el PSOE apostando por la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, por considerar que atenta contra la base del municipalismo y del modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años.

Contra la LRSAL

Por otra parte, con el apoyo de Sí se Puede, IU y RAP, la abstención de Ciudadanos y UPyD y el voto en contra del PP, vio la luz la moción que presentó el PSOE apostando por la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, por considerar que atenta contra la base del municipalismo y del modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años.