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El pleno aprueba el control periódico de los contratos de servicios privatizados.

Los grupos políticos tendrán que dar cuenta mensual de los gastos en que emplean la dotación municipal para su funcionamiento. | 26/02/2016

    El pleno municipal del ayuntamiento de Aranda se saldó en la noche de ayer con una paradoja: salieron adelante por unanimidad o amplia mayoría todas las mociones presentadas por los grupos de la oposición, pese a que cada una de ellas se encontró con una lluvia de dudas sobre su viabilidad, acusaciones de inconcreción, y pegas sobre su tramitación técnica. Paradigmático fue el caso de la moción presentada por Si se Puede para obligar a los grupos políticos a dar cuenta de en qué gastan el dinero que les proporciona el ayuntamiento. Llovieron las propuestas alternativas desde las distintas bancadas: desde la ya conocida postura del concejal de UPyD de eliminar los 60.000 euros que el ayuntamiento reparte anualmente entre los grupos por este concepto, hasta la posibilidad de trasladar el debate a una comisión de hacienda que aclare en qué se puede emplear el dinero, como planteó el PSOE. Por su parte el PP insinuó la existencia de irregularidades en el uso de estos fondos por parte de Si se Puede. El RAP manifestó su negativa a ceder la tutela de sus facturas e IU advertía de que dará cuenta de la contabilidad de su grupo, pero en ningún caso la de su partido, como también se incluye en la moción, ya que esta tarea ya la realiza el tribunal de cuentas. Finalmente y pese a todo la moción salió adelante con la abstención de Ciudadanos y PSOE y el voto a favor del resto de los partidos.  

Unanimidad, por el contrario, para las medidas que propone Si Se Puede para mejorar la accesibilidad del municipio, aunque también recibieron las críticas de varios grupos por los condicionantes y contradicciones con la regulación municipal. Y aunque el PP anunció por sorpresa que llevará a la próxima comisión de obras la contratación de un Plan de accesibilidad, el resto de los grupos no encontró motivos para dejar el asunto sobre la mesa, poniendo de manifiesto el oportunismo del equipo de gobierno que no es la primera vez que actúa por detrás de las propuestas de los partidos de la oposición.

El pleno accedió a la propuesta de IU de que se compruebe periódicamente el grado de cumplimiento de los contratos de servicios privatizados, pese a la advertencia de que a los técnicos les resultará difícil compatibilizar esta fiscalización con su trabajo diario, incluso la duda de que algunos departamentos tengan trabajadores cualificados para certificar que los contratos se cumplen. En el debate de este punto quedó de manifiesto que efectivamente hay incumplimientos que afectan de manera especial al departamento de medio ambiente y servicios. Finalmente se fijó un primer plazo de tres meses para conocer el grado de cumplimiento actual de estos contratos, además de aprobar la elaboración anual de un informe que verifique cómo se ofrecen los servicios privatizados.

    Con numerosas discrepancias sobre el concepto que cada grupo tiene de igualdad entre hombres y mujeres se aprobó también la propuesta de IU para reforzar las acciones que lleva a cabo el ayuntamiento de Aranda en esta materia. Se abstuvo Ciudadanos y votó en contra el PP, cuya concejala de Acción Social argumentó que el consistorio ya es sensible en esta cuestión y que su grupo político no puede aprobar una moción que pide, entre otras cuestiones, la despenalización total del aborto.

    Y finalmente, también por unanimidad, Aranda fue declarada ciudad libre de circos y espectáculos con animales, una propuesta que los partidos políticos han recogido de la asociación de protección de los animales Huellaranda. Pese a votar a favor el PP manifestaba su temor de que esta medida pueda acarrear problemas legales y pedía que constara expresamente que los espectáculos taurinos estén excluidos del acuerdo.

    A la postre solo quedó sobre la mesa el único punto del orden del día que proponía el equipo de gobierno, que tuvo que dejar para mejor momento la cesión de dos parcelas en el PRAU centro Cívico por parte de la Junta hasta aclarar la superficie que le corresponde al ayuntamiento y en la que entran en contradicción los propios documentos oficiales

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