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El Partido Castellano-Tierra Comunera denuncia públicamente que las propuestas de los partidos políticos UPyD y Ciutadans de eliminación de ayuntamientos y de fusión de municipios, provocará la desaparición en la provincia de Burgos de más del 95% de los actualmente existentes, y en la Ribera sólo quedaría uno: Aranda de Duero, haciendo desparecer a los otros 63 municipios del partido Judicial de Aranda de Duero. Los castellanistas consideran que la pervivencia de los pequeños municipios y de las entidades locales menores, es esencial para combatir la despoblación y el envejecimiento rural, para acercar la administración al ciudadano, así como para generar propuestas de desarrollo endógenas en el territorio. Así mismo, reclama a la población rural que rechace participar en las candidaturas de partidos como UPyD o Ciutadans una de cuyas principales propuestas pasa por suprimir sus Ayuntamientos.
Sin embargo, considera que ante el revuelo ocasionado por estas propuestas de los partidos “mata-pueblos” los responsables de Ciutadans en la Ribera del Duero, y en contra de lo que expresa oficialmente su partido a nivel nacional, han pretendido “suavizar” su descabellada propuesta de reorganización municipal sugiriendo una fusión de municipios en la Ribera, que dejaría en solo cinco los ayuntamientos en la Comarca, y que supondría suprimir, ni más ni menos, que 60 Ayuntamientos.
El PCAS reclama de todos aquellos defensores de un Medio Rural Castellano Vivo un boicot activo que impida que partidos anti-municipios y mata-pueblos engañen a la vecindad de municipios y pedanías, para conseguir votos que finalmente se utilizarán para suprimir sus ayuntamientos y su autonomía y democracia local.
También se plantea actuar judicialmente contra Ciutadans y UPyD en el caso de que no informen expresamente a sus posibles candidatos a los Ayuntamientos de la Ribera del Duero, cuando firmen la aceptación de formar parte en sus candidaturas, de que su principal propuesta de organización municipal es la desaparición de los Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, ya que podrían estar incurriendo en los delitos de estafa y fraude, con agravante de engaño y abuso de confianza.