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El ayuntamiento de Aranda podrá quedarse con más de la tercera parte del aval que retenía por las obras del Puente Bañuelos: ya están hechos los cálculos oficiales por este concepto, según los cuales el consistorio  tendrá que devolver algo más de 700.000 euros a la empresa por los trabajos realizados, mientras que podrá quedarse con los 410.000 restantes. Eso sí: este dinero tendrá que destinarse obligatoriamente a mejoras en la vía pública. El equipo de gobierno proponía ayer en la Junta de Portavoces financiar con esta cantidad una extensa campaña asfáltica en el municipio, pero ha solicitado las aportaciones de los grupos políticos para definir el destino final de este dinero.
    Una Junta de Portavoces convocada para dar a conocer el contenido del informe del letrado mayor sobre la última sentencia sobre el precio de los terrenos de la plaza de toros que Victoriano del Río se niega a pagar. Como recordarán el juzgado daba en parte la razón al empresario argumentando los errores de tramitación que había cometido el ayuntamiento en el proceso de reclamación. Pues bien, aún considerando que el consistorio podría demostrar que las cosas se hicieron bien, los servicios jurídicos municipales recomiendan no recurrir la sentencia. Viene a decir el responsable de este servicio que, en la práctica, el único beneficio que se puede obtener de continuar el litigio judicial es la satisfacción de que los tribunales den la razón al ayuntamiento, puesto que si lo que se pretende es seguir intentando que del Río pague los 700.000 euros por de los terrenos, la sentencia emitida no solo deja la puerta abierta para hacerlo, sino que incluso da las pistas para conseguirlo con mayor éxito que hasta ahora.   Teniendo en cuenta que seguir litigando supone también correr el riesgo de perder y tener que asumir las costas, más vale no tentar a la suerte. La Junta de portavoces en la que ayer se daba a conocer este informe quedaba emplazada a tomar una resolución definitiva sobre esta cuestión el próximo lunes, aunque la mayoría de los grupos parecen coincidir con las recomendaciones de los servicios jurídicos municipales.