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Cuatro de los miembros de la actual corporación arandina, la alcaldesa y tres concejales, además de tres ediles del mandato anterior tendrán que declarar en el juzgado este mismo mes en calidad de investigados, la figura que sustituye a la de imputados, por el delito de prevaricación del que les  acusa la Plataforma por la Plaza de Toros en la querella que presentó el pasado mes de mayo por la  aprobación de la última licencia de obras para el Coso taurino en agosto de 2011.
    En aquella Junta de Gobierno votaron a favor de dicho acuerdo la alcaldesa Raquel González y otros tres ediles que lo siguen siendo a día de hoy: los populares Emilio Berzosa y Azucena Esteban y Elia Salinero, que en aquel momento formaba parte del equipo de gobierno como concejala del PCAL. También serán investigados por este caso y deberán acudir al juzgado el próximo 27 de febrero los entonces concejales presentados por la partido popular Javier Rojas y Ángel Calvo y el concejal castellanista José Ignacio Díez.  Los siete dieron su voto a favor a la licencia de obras para la adecuación de la Plaza de Toros de Aranda y la Casa del Guardés.  Aunque el Concejal Máximo López Vilaboa también formaba parte de la Junta de Gobierno Local no participó en la toma de la mencionada decisión al encontrarse ausente. Por el contrario sí será también investigado por el juzgado el técnico que elaboró el informe en el que se basó la decisión, el arquitecto municipal Raúl de Frutos.
Fue el pasado mes de abril cuando la Plataforma a favor de la Plaza de Toros anunció la presentación de esta querella, tras conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de ratificar la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo que anulaba la mencionada licencia para acondicionar el ruedo de la plaza a las dimensiones reglamentarios y alinear la casa del guardés con arreglo a la legalidad urbanística. La sentencia del TSJ incluía un severo reproche a los políticos que tomaron la decisión de otorgar la licencia, entre otras cosas por haber actuado sin un informe jurídico que sustentara su decisión, además de haber obviado la multitud de informes técnicos contrarios durante todo el largo y proceloso proceso judicial, como han confirmado en sus últimas declaraciones por la querella técnicos municipales como el anterior Secretario general del ayuntamiento, la letrada urbanista o la arquitecta municipal. Este varapalo del Tribunal superior de Justicia animaba a la Plataforma a presentar la actual querella por prevaricación, a la que se unieron dos grupos políticos: Sí se Puede Aranda y UpyD.
Recordamos además, que la licencia de obras anulada es, según la Plataforma por la Plaza, la base que tres años después le permitió a Toros Ricor solicitar la licencia de actividad definitiva, otorgada por cuatro miembros del equipo de gobierno, y pendiente todavía de sentencia judicial en la vía contencioso-administrativa. Para los miembros del colectivo tanto la sentencia del TSJ que anula la licencia de obras, como la decisión del juzgado de investigar a los responsables de concederla es una baza a favor de que  los tribunales admitan su petición más importante: la nulidad de la licencia definitiva de actividad del coso arandino. También está pendiente otra causa judicial por la vía contenciosa en este complejo asunto de la Plaza de Toros: la licencia de construcción de un aparcamiento en suelo rústico.
    Aunque este no es el primer proceso por la vía penal que emprende la Plataforma por la Plaza de Toros contra responsables municipales sí es el primero que ha sido admitido a trámite, puesto que el presentado contra ángel Guerra por malversación de fondos al haber abonado los gastos de la plaza portátil en la feria de 2003 quedó archivado por considerar el tribunal que había prescrito el presunto delito. Por el contrario otra de las querellas presentadas por la no incoación de procedimientos sancionadores contra los miembros de la Junta de Gobierno Local en el mandato anterior se rechazó precisamente por lo contrario, por considerar el tribunal que aún había tiempo para iniciar estos expedientes.