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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Burgos ha declarado nulo un acuerdo de pleno que adoptó el Ayuntamiento de Aranda en diciembre de 2011 reclamándole a la empresa Toros Ricor los 700.000 euros que estipula el contrato por la enajenación de los terrenos de la plaza.
El empresario presentó una demanda contra esa reclamación y el juez le ha dado parcialmente la razón, al reconocer que el Consistorio no le dio trámite de audiencia en este proceso y, por tanto, no tuvo oportunidad de plantear alegaciones en lo que se refiere al primero de los dos plazos de esta cifra, que había sido compensado en el mandato anterior a ese pleno por el entonces alcalde Ángel Guerra en base a los 12 días que el Ayuntamiento debería poder utilizar este recinto. En cuanto a los 350.000 euros del segundo plazo, el juez entiende que en cuando se aprobó este acuerdo de pleno la plaza no tenía la certificación definitiva, aunque actualmente hace ya año y medio que la tiene.
En conclusión, la sentencia viene a decir que el Ayuntamiento ha cometido un error en los trámites, pero le reconoce su derecho a reclamar estos 700.000 euros a la empresa taurina, siempre que realice correctamente el proceso.
La Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros interpreta a favor de los intereses municipales esta sentencia, que considera el portavoz, Julián Mateos, que además le invita al Ayuntamiento a adoptar las decisiones que crea oportunas como administración local sin tener que recurrir constantemente a los tribunales.