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El Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda ha decidido archivar la querella criminal que presentaron la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros, junto con las formaciones políticas de Sí Se Puede Aranda y UPyD contra la alcaldesa y seis miembros del equipo de gobierno de la anterior corporación municipal, a quienes acusaban de un presunto delito de prevaricación por conceder en 2011 licencia de obras autorizando las reformas de estas instalaciones para ajustarse a la legalidad.
    La juez, que tomó declaración la semana pasada a la mayor parte de los investigados, 24 horas después de completar estas diligencias interrogando a Javier Rojas, el ex concejal que no pudo acudir a esta cita el mismo día que sus compañeros, ha determinado que no existen indicios de causa penal por esta decisión administrativa, pese a que se adoptó sin el preceptivo informe jurídico.
    A la plataforma ciudadana no le ha pillado por sorpresa esta resolución. Dice uno de sus abogados y portavoz, Julián Mateos, que ya se temía un auto en este sentido desde que se inició el proceso en el juzgado, que no ha admitido ampliar estas diligencias con la comparecencia de otros testigos que había solicitado. Mateos confía en que en la Audiencia Provincial, ante la que presentarán el correspondiente recurso, la querella pueda tener más recorrido.