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El ex alcalde de Olmedillo de Roa, el socialista José Manuel Ozores  ha sido absuelto de los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación por los que estaba siendo investigado por el Ministerio Fiscal a partir de una denuncia presentada por el que fue su sucesor, el popular Miguel Ángel Muñoz.
Ozores se enfrentaba se enfrenta a una petición de pena de cuatro años de prisión, un total de dieciséis de inhabilitación para el desempeño de cargo público sumando los dos delitos y una indemnización de algo más de 12.000 euros a las arcas municipales. Pero todo va a quedar en una mala pesadilla tras una vista oral que ha durado tres días y por la que ha pasado a declarar una treintena de personas.
Los magistrados de la sección penal de la Audiencia Provincial, que se han encargado en primera instancia de este proceso no han visto ningún indicio de las actuaciones irregulares que se le imputaban. Por lo que se refiere a la presunta malversación de fondos, la sentencia determina que no hay pruebas de que se aprovechase de su condición de alcalde con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito al realizar numerosas compras de material de construcción y repuestos para su uso particular cargándolas a las cuentas del ayuntamiento entre 2007 y 2011, por un importe de 12.880 euros, como se le acusaba. También se le atribuían dietas de dudosa justificación y consumir combustible para su vehículo particular, pero los jueces determinan que estos gastos se relacionan con el ejercicio de su cargo y no ha existido ánimo de lucro en ninguno de los casos.
En cuanto a la supuesta prevaricación, la  fiscalía le acusaba de la contratación de su esposa para que prestara servicios de limpieza a sabiendas de que constituía una ilegalidad. Sin embargo, ese contrato quedó sin efecto antes de que se ocasionara gasto alguno al ayuntamiento al informarle el secretario de la incompatibilidad que suponía.
Contra esta sentencia sólo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque el abogado que defiende a José Manuel Ozores no cree que la Fiscalía lo interponga.
El edil absuelto manifestaba esta mañana que estas imputaciones, que han dado lugar a este proceso es una venganza del actual alcalde y sus compañeros de grupo por un contencioso administrativo que interpuso en su día contra la adjudicación directa por cinco temporadas de 134 hectáreas agrícolas de utilidad pública del monte de Carragumiel.
Ozores, que en su mandato como alcalde sacó a concurso estas tierras, al contrario de lo que se venía haciendo desde que  se roturaron en los años sesenta, y después de dejar la Alcaldía, ya dijo en su momento que estaba recibiendo presiones y amenazas por denunciar la posible de prevaricación teniendo en cuenta que entre los adjudicatarios había dos concejales del equipo de gobierno y otros dos familiares de los mismos.
José Manuel Ozores puso también en su momento en manos del fiscal otro episodio que considera irregular, cuando a principios de los 90 el actual alcalde, que también lo era en ese momento, cobró a cada contribuyente una imposición de 25.000 euros para hacer frente al sobrecoste de unas obras, que algunos vecinos consiguieron recuperar tras la correspondiente reclamación, por no tener un formato legal como impuesto.
Aunque el fiscal dio este episodio como sobreseído por entender que había prescrito, dice Ozores que, según el Servicio Jurídico de la Diputación, esta imposición no prescribe al no considerarse un impuesto legal.