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El Ayuntamiento de Aranda está dispuesto a ponerse al frente de forma institucional de la lucha por conseguir que el ferrocarril vuelva a ser una alternativa al transporte de carreteras, tanto en sentido Burgos, como Madrid.
    La Junta de Portavoces se reunía ayer para analizar la propuesta que le hizo la semana pasada la Plataforma Ciudadana por el Directo de realizar un estudio de sostenibilidad de cara a solicitar que esta línea forme parte de los corredores ferroviarios que proyecta la Unión Europea. El resultado de esta reunión es intentar organizar desde la capital ribereña un frente común de municipios interesados en la recuperación de esta línea desde la capital de España hasta Burgos, explicó Emilio Berzosa, como portavoz del portavoz de equipo de gobierno.
    Hace más de diez meses, a finales de octubre del año pasado, el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, y la alcaldesa de Aranda, Raquel González, en el despacho de esta última, sellaron una especie de pacto para emprender acciones conjuntas en pro de exigir la reactivación de esta línea férrea. Varias semanas después en el salón de plenos del consistorio arandino volvían a reunirse, acompañados de representantes de los municipios de la sierra norte de la comunidad de Madrid y de la FAE, entre otras instituciones, para intentar seguir sumando apoyos, especialmente del tejido industrial, para convencer al Ministerio de Fomento de la viabilidad de esta infraestructura. Ahora, dice Emilio Berzosa, de lo que se trata es de completar ese impulso más bien social y empresarial, con una iniciativa conjunta de las administraciones públicas.
    Dice el portavoz del equipo de gobierno que todos los grupos políticos apoyan la creación de esta nueva plataforma institucional, marcándose como primer paso contactar con todos los municipios afectados y convocarles a una reunión en Aranda, de donde puedan empezar a planificarse todo tipo de medidas de presión, incluida la de solicitar que se hagan públicas las conclusiones del informe de viabilidad encargado por el Ministerio a INECO, amparándose en el Defensor del Pueblo.