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Con diez votos a favor, los del PP, PCAL, CCD y UPyD, y nueve abstenciones, las de IU y el PSOE, se aprobó la ejecución de la sentencia que obliga a los funcionarios municipales a devolver las cantidades cobradas por encima de lo que marca el Estado en el trienio 2000 a 2003. Una vez despachadas las alegaciones presentadas por los propios trabajadores, de las que sólo seis se han resuelto modificando a la baja las cantidades a devolver, el acuerdo de anoche implica adoptar la fórmula de compensar estos excesos salariales a lo largo de las próximas 48 nóminas, salvo que los propios empleados soliciten saldar la deuda de una forma menos fragmentada.
El concejal más crítico con este asunto fue el socialista Ildefonso Sanz, que reprochó al equipo de gobierno no haber querido solucionar este asunto llevando a cabo la valoración de los puestos municipales, como ha ocurrido en otros ayuntamientos.
El concejal de Personal recordó que la sentencia, de la que se hizo una interpretación restringida a ese trienio, en base a un informe del secretario municipal, es una cuestión de obligado cumplimiento. Ángel Calvo insinuó que el grupo socialista ha querido hacer demagogia con este asunto, intentándose ganar el voto de los funcionarios.