Radioaranda.com

El proceso judicial de la depuradora de aguas residuales se resolverá finalmente de la forma menos lesiva para los intereses del Ayuntamiento de Aranda. El Tribunal Superior de Justicia ha fijado en 100.000 euros lo que el Consistorio tiene que pagar al restaurante El Ventorro por los perjuicios que ha sufrido al no haberse ejecutado la sentencia que obligaba a derribar estas instalaciones por no guardar la distancia reglamentaria con respecto al núcleo urbano de Villalba de Duero.
    El establecimiento hostelero elevaba a casi 15 millones la indemnización que reclamaba, considerando que esa cifra es la que debería compensar el lucro cesante que ha sufrido el negocio y los daños morales que ha padecido la familia titular durante todo este proceso, que ha durado veinte años.
    El auto emitido por la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ considera que El Ventorro no acredita los conceptos por los que exige esta compensación. Respecto al lucro cesante, plantea unos hipotéticos beneficios que considera que hubiera percibido de no haberse construido esta depuradora, basándose en sus intenciones de ampliar la capacidad de sus instalaciones con unas obras que no hubiera podido llevar a cabo legalmente, puesto que los terrenos donde se encuentra están catalogados como suelo rústico con protección agropecuaria.
Por lo que se refiere a los daños morales, el demandante hace referencia a la dimisión de la administradora en marzo de 2010,sin indicar su motivo, ni probar que esto impida el funcionamiento de esta sociedad, y a una serie de partes médicos de ingresos en urgencias y en atención primaria del actual administrador, que tampoco acreditan que sean debidos a la situación de la mercantil, según el criterio del juez, que considera, en cualquier caso, que la cifra que ofrece el Ayuntamiento los cubre sobradamente.
Esos 100.000 que finalmente tendrá que pagar el Consistorio se basan en el derecho que tiene El Ventorro a que se hubiera ejecutado esta sentencia, que era consecuencia del proceso que inició, aunque los motivos de esa resolución judicial no tuvieran que ver con la cercanía de la depuradora al propio establecimiento, sino a la población de Villalba de Duero.