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El ayuntamiento de Aranda no se arredra ante el envite judicial de la empresa concesionaria de la piscina municipal cubierta para negociar un reequilibrio económico de esta concesión. Y es que el consistorio sospecha que detrás del cálculo de las pérdidas que alega Prado Sport durante los dos años de gestión de estas instalaciones podría estar la estrategia empleada por esta empresa de ofertar conjuntamente prestaciones en las instalaciones públicas y en sus propias instalaciones privadas. Por eso el concejal de Deportes anuncia que van a pedir que un notario certifique cuantos abonados ha perdido la piscina municipal durante estos dos años y cuántos ha incrementado en el mismo tiempo las instalaciones privadas con las que cuenta PRADOSPORT. De hecho la empresa hace ya varios meses que ha abandonado estas ofertas conjuntas, tras ser advertida varias veces desde el consistorio de que esta práctica podría ser irregular.
    Berzosa rechaza también que los errores del pliego estén detrás de la gestión deficitaria de estas instalaciones, como argumenta Prado Sport. El concejal alega que la empresa corrigió en el informe económico presentado en su propia oferta estas cantidades que ahora cuestionan: no sólo disminuyen el número de socios que esperan tener, sino que también elevan el coste del personal que el ayuntamiento había calculado, e incluso disminuyen el canon anual que solicitan de las arcas municipales por la gestión de las instalaciones. En cualquier caso el concejal asegura que en varias ocasiones los responsables municipales han sugerido a la empresa que renuncie a la concesión y pida la rescisión del contrato, oferta que la empresa ha rechazado. Emilio Berzosa reprocha a la empresa que amenace al ayuntamiento acudiendo al juzgado como estrategia para negociar, lo que rechaza el concejal argumentando que sentarse con una empresa privada para modificar las condiciones de un contrato es ilegal.