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El ayuntamiento de Aranda considera que no tiene por qué pagar al Restaurante El Ventorro más de los 100.000 euros de indemnización que ya ofreció en su momento por los perjuicios causados durante el proceso judicial contra la depuradora. Así se lo ha hecho saber a la sala contencioso administrativa del Tribunal Superior de Justicia en el escrito presentado en respuesta a la petición de casi 15 millones que hace unas semanas solicitaban los dueños del establecimiento por los daños y perjuicios que consideran que les ha causado la construcción ilegal de la depuradora. Además el ayuntamiento pide que sea el Ventorro quien corra con las costas de este nuevo procedimiento judicial.
    El consistorio arandino alega que los demandantes sólo deberían ser indemnizados por los perjuicios que hayan podido producirles, en el ámbito estrictamente jurídico, la demora en la ejecución de la sentencia. Por el contrario no admiten la solicitud de un solo euro como indemnización por la existencia misma de la planta depuradora. Alegan, entre otros motivos, que la sentencia sólo indica que existe ilegalidad en la distancia que separa la planta depuradora del municipio de Villalba pero no se lo reconoce al establecimiento demandante al no ser núcleo habitado. El letrado argumenta también que no se puede achacar a la presencia de la depuradora unos perjuicios con los que tenía que haber contado el promotor del negocio desde el momento mismo en que eligió el lugar en el que establecerse. Indica que ya había en ese momento en sus alrededores actividades molestas, como la cercana presencia de una granja porcina y el tránsito rodado por la N-122 y del ferrocarril Valladolid Ariza que funcionaba en aquel momento. Sugiere el letrado que los dueños del Ventorro deberían haber previsto que podían haber tenido muy cerca actividades industriales  cuando desde finales de los años 60 del siglo pasado estaba prevista la ampliación del polígono industrial de Aranda hasta el límite del municipio a escasos metros del restaurante.  Se argumenta también en el escrito que una Sociedad Limitada, que es quien interpone el incidente judicial no puede alegar que existan daños morales, dado que el concepto “empresa familiar” no existe como categoría jurídica. En cualquier caso el letrado del ayuntamiento pide que se solicite al establecimiento documentos que permitan valorar su actividad y resultados económicos, porque en el registro mercantil no consta depósito de cuentas desde el año 2007.
    El tribunal tendrá que determinar ahora la fecha del juicio en el que el ayuntamiento tiene intención de presentar dos nuevos informes, de ingeniería industrial y económico, que apuntalen su argumentación. Vistas las pretensiones y pruebas de ambas partes será finalmente el juez quien determine la cantidad concreta de la indemnización.