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La corporación local arandina daba anoche luz verde a la firma de un nuevo convenio con la Diputación para financiar las salidas del cuerpo de Bomberos fuera del término municipal. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años, hasta 2019, con la posibilidad de hasta cinco prórrogas anuales. Las negociaciones que tuvieron PP y PSOE fructificaron en  una dotación económica anual de 175.000 euros, más 50.000 destinados a la compra de material, que la entidad provincial abonará en un solo pago de 200.000 euros en 2018 y que se destinarán a la compra de un camión nodriza que el parque municipal necesita. El concejal de Seguridad Ciudadana, Máximo López, presentaba este acuerdo como una buena base para seguir negociando en el futuro otros convenios que se aproximen más al coste que implica para este servicio atender las necesidades de la comarca.
    Algunos grupos coincidieron en señalar que no es justo este convenio, que equipara las aportaciones de Miranda y Aranda, cuando las circunstancias son muy diferentes entre ambas capitales de comarca, como es el caso del concejal de UPyD, Javier Ávila.
Otras críticas se referían a que el resto de los grupos políticos no han tenido la oportunidad de participar en las negociaciones. El portavoz municipal de Ciudadanos, Francisco Martín Hontoria, decía que las cuentas no salen y que, calculando el incremento del 10% anual que estaba fijado en el convenio anterior, que la Corporación provincial denunció a finales de 2014, hubiera sido a la larga más beneficioso continuar con él.
    Por parte de Renovación Arandina Progresista, el concejal Rubén Moro, destacaba que los 200.000 euros para equipamiento son claramente insuficientes, dado que el camión nodriza tiene ya un coste de 300.000 y además el cuerpo de Bomberos tiene otras necesidades de material.
    El discurso del PSOE coincide con el planteamiento del PP de que este convenio es un acuerdo base que permitirá futuras negociaciones donde se puedan lograr mejoras económicas. Ildefonso Sanz destacaba también la necesidad de seguir hablando con la Diputación para dejar claros otros aspectos, como son las salidas a los pueblos que supuestamente estarían cubiertos con bomberos voluntarios, o un protocolo donde se detalle qué tipo de incidencias está obligado a atender. El concejal socialista hablaba también de las dificultades que ha implicado que la Diputación acepte pagar la adenda de 2015 sin tener un compromiso firmado que le obligue a ello.
    El convenio se aprobó finalmente con la abstención de Ciudadanos y los votos en contra de SSPA, RAP y UPyD.
    
    ORDENANZA DE LA ITE PENDIENTE
    En esta sesión plenaria quedó sobre la mesa la ordenanza reguladora de la Inspección Técnica de Edificios a propuesta de Sí Se Puede Aranda, por las dudas que tiene sobre si esta medida lleva aparejada una línea de subvenciones para facilitar los arreglos que se deriven de estas revisiones.

    MOCIÓN EN DEFENSA DEL DIRECTO
    Lo que sí vio la luz es la moción de urgencia que presentó este mismo grupo en defensa de la línea férrea, cuatro días después de que ADIF desmantelara los apartaderos de Lozoyuela y Bustarviejo. El portavoz del grupo hizo mención a una nota de prensa que ADIF había hecho pública unas horas antes donde niega que se pueda hablar de desmantelamiento por esta actuación que no afecta al futuro de la línea, sobre la que esta entidad reitera su disposición a analizar los términos y propuestas que puedan resultar viables técnica y jurídicamente para su revitalización. Mario Martín ponía de manifiesto la hipocresía de ADIF al mostrar ante la opinión pública una cara distinta a lo que es la realidad.
    La iniciativa gozó del consenso de los grupos políticos, incluido el PP, que reconoce que esta última medida está limitando la operatividad de la vía para la circulación simultánea de varios trenes.