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A punto de cumplirse un año desde que quedaran sin efecto los tradicionales derechos de plantación de viñedo, sustituidos en virtud de una nueva normativa de la Unión Europea por autorizaciones administrativas, la Junta de Castilla y León tiene pendiente de regularizar cerca del 90 por ciento de los derechos viticultores castellano-leoneses compraron en otras comunidades autónomas.
    Se trata de una circunstancia que podría perjudicar gravemente los intereses de agricultores que compraron esos derechos pero que no podrán esgrimirlos ya para cobrar ayudas de la PAC o incluso podrían perderlos si no se convierten en autorizaciones en los plazos previstos.
    El grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León ha pedido a la Consejería de Agricultura a través de una PNL que agilice estos trámites para no dejar desamparados a quienes incluso han plantado ya viñas confiados en la rapidez de los procedimientos burocráticos.
    A la tardanza en la conversión de los derechos en autorizaciones se suman además errores recurrentes del programa telemático que tramita las solicitudes, que han llegado a solicitar hasta tres veces la misma documentación.
    Ciudadanos considera que la Junta debería ser especialmente diligente en facilitar las cosas a un sector como el vitivinícola y enoturístico que se ha convertido en un pujante motor económico de la comunidad.