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No está dicha la última palabra sobre la cuantía que el ayuntamiento de Aranda tendrá que pagar a El Ventorro como indemnización por no haberse cumplido la sentencia que obligaba al derribo de la Depuradora declarando ilegal su ubicación. Los responsables del establecimiento han presentado en las últimas horas un recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia que en un auto dictado hace apenas diez días daba por buenos los 100.000 euros ofrecidos por el ayuntamiento de Aranda.
    La familia que ha promovido los procesos judiciales contra esta instalación los considera muy insuficientes y lamenta que el tribunal no haya tenido en cuenta pruebas presentadas por ellos que apuntalan sus argumentos, en los que insistirán en esta nueva fase judicial.
    Mantienen que uno de los testigos del ayuntamiento mintió en el juicio al negar haber tenido relación profesional con El Ventorro. Apelan a una sentencia previa que determina que la obra de ampliación en la que se basa lucro cesante qué reclaman sí se puede llevar a cabo pese al argumento del TSJ de que están en terrenos de especial protección. Así mismo pedirán en que se contemplen las cuentas del establecimiento que fueron presentadas vía judicial y que según su opinión han sido obviadas. Pero lo que más ha dolido a los reclamantes es que el tribunal haya puesto en cuestión la existencia de daños morales.
    Por todos estos argumentos la familia promotora de estos procesos está dispuesta a agotar todas las posibilidades para conseguir la indemnización que considera justa, por lo que también contemplan recurrir posteriormente la sentencia en casación.